ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO, (EFE).- Miles de
personas recorrieron este domingo varias calles de la ciudad dominicana de San
Francisco de Macorís (noreste) para exigir que los involucrados en los sobornos
que pagó en el país la constructora brasileña Odebrecht sean llevados ante los
tribunales y sancionados.
Los manifestantes, a través de pancartas y consignas,
reclamaron a las autoridades una investigación independiente y que sean
apresados y enviados a la Justicia, todas las personas vinculadas en el caso de
la transnacional suramericana.
Asimismo, exigieron que retorne al Tesoro dominicano el
dinero, que según alegan fue robado al pueblo con “sobrevaluaciones de obras
que ha ejecutado en el país Odebrecht desde 2002 hasta la fecha”.
Representantes del movimiento Marcha Verde, organizador de la
protesta, también rechazaron el acuerdo entre el Estado dominicano y la
constructora brasileña, homologado por un juez esta semana, al asegurar que
favorece a Odebrecht y a la agenda política del oficialista Partido de la
Liberación Dominicana (PLD).
Además, plantearon la destitución del procurador general de
la República, Jean Alain Rodríguez, porque “está actuando” en contra de los
intereses del pueblo dominicano.
También acusaron al presidente dominicano, Danilo Medina, de
utilizar la “avasalladora maquinaria mediática” y todo el poder del Gobierno
para manipular y tratar de desvirtuar las certeras evidencias que lo incriminan
como principal responsable, junto a la cúpula de su partido, de los más
escandalosos y bochornosos actos de corrupción registrados en el país en los
años recientes.
En un documento, el colectivo aseguró que el Gobierno de
Medina y sus relacionados en el sistema de justicia “corrupto” manipularon y
desnaturalizaron de forma brutal figuras jurídicas del derecho procesal penal
vigente con la llamada homologación del acuerdo “de impunidad” entre el Estado
y Odebrecht, con la intención de dejar sin efecto la persecución criminal
contra los ejecutivos de la multinacional.
Aunque miembros de la Policía Nacional y de otros organismos
de seguridad del Estado vigilaron de cerca la concentración, no se produjeron
detenciones ni incidentes de importancia.
A la marcha asistieron dirigentes de los partidos políticos
de oposición, de organizaciones populares, artistas y diferentes
personalidades.
La de este domingo fue la tercera manifestación
multitudinaria que realiza Marcha Verde, que precisamente se constituyó como
movimiento cívico a raíz de las revelaciones de sobornos que la firma
internacional admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en
diciembre pasado.
El juez Danilo Quevedo validó el miércoles pasado el acuerdo
entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht, que deberá pagar 184
millones de dólares en ocho años, el doble de lo que admitió pagó en sobornos
en el país, y revelar en 30 días los nombres de los beneficiados, a cambio de
que sus empleados no sean juzgados localmente.
El acuerdo compromete a Odebrecht a entregar a las
autoridades “toda la información que conduzca a determinar coautores o
cómplices”.
Horas después del fallo, el procurador Rodríguez expresó su
“satisfacción” y aseguró que en 30 días Odebrecht revelará los nombres de las
personas que recibieron los sobornos que la empresa aseguró haber entregado en
el país entre 2001 y 2014 para hacerse con contratos de obras públicas.
“Esta homologación acelera y agiliza la investigación y nos
acerca a los sobornados”, aseguró el funcionario.
El acuerdo estipula que serán sometidos a la Justicia “las
sociedades o personas que no formen parte del grupo Odebrecht, sus
representantes comerciales, comisionistas, agentes, asesores, intermediarios,
consultores, empresarios y consorciados”.
También, “funcionarios públicos o exservidores del Estado,
que hayan recibido o participado en el pago de sobornos”.EFE
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